Señora Ligia Bonetti de Valiente, Presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana
Licenciado Danilo Medina, Candidato a la Presidencia de la República
Distinguidos Miembros de la Mesa de Honor
Distinguidos Invitados
Señoras y señores:
Nos sentimos muy honrados de asistir a este encuentro de la Asociación de Industrias de la República Dominicana en su 50 aniversario.
Felicitamos a las empresarias y empresarios, quienes con su esfuerzo y creatividad contribuyen a forjar la sociedad que es aspiración de todos los dominicanos.
Se habla mucho de cambiar el modelo económico vigente, pero siempre nos hemos preguntado, ¿Cuál modelo?. Para que un modelo funcione tiene que tener cierta coherencia y equilibrio entre sus principales variables que permitan explicar dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos.
Debe ser cuantificable, consistente con las metas sociales, y muy transparente cuando se trata de medir sus resultados, porque hablamos de números y los números no deben manipularse ni inventarse.
Lamentablemente, eso no ha sido así en los últimos años de Gobierno.
Desde 2004, la política económica se ha sustentado solamente en la estabilidad del tipo de cambio, desvinculada generalmente de otros factores claves que promueven un crecimiento sano, equitativo y auto sostenible.
Todos los indicadores económicos se han deteriorado. El ahorro interno se desplomó a un 7%, la calidad del gasto ha desmejorado visiblemente, la deuda pública más que se duplicó en los últimos 7 años y el déficit de la cuenta corriente actualmente ronda el 9% del PIB.
El crecimiento de estos últimos años ha sido dependiente del endeudamiento interno y externo, y de los altos déficits en todos los frentes de la economía.
Esa incongruencia explica por qué el alto crecimiento del PIB de los últimos 6 años, no ha llegado a los estratos sociales de bajos ingresos, ni ha contribuido a la reducción de la pobreza.
La economía del país ha mejorado, la de nuestros conciudadanos más pobres ha empeorado.
La economía tampoco ha respondido a las expectativas de los sectores productivos y de servicios.
Mientras tanto, los indicadores que muestran los índices de desarrollo humano de República Dominicana publicados por las Naciones Unidas, o los del Foro Económico Mundial, son reveladores del total fracaso de lo que se ha dado en llamar el modelo económico vigente.
Se aprobaron cinco reformas fiscales desde 2005 y los ingresos tributarios anuales han crecido 4 veces más que en el 2004 y casi 5 veces más respecto al 2003.
Pero al mismo tiempo y en el mismo periodo, la deuda pública total aumentó de 9 mil 700 millones en el 2004 a 23 mil millones de dólares en el presente, equivalente a un 43% del PIB actual, siempre y cuando el dato del PIB sea el correcto.
Aun así, el exceso de gastos gubernamentales ha provocado que el déficit de los últimos tres años haya superado los 50 mil millones de pesos anuales.
Este año no será la excepción, sólo en el mes de septiembre el déficit fue de 11 mil millones de pesos, para un déficit acumulado superior a los 30 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del año.
Toda esta entrada de dinero no vino acompañada de una mejora en la calidad del gasto público, sino todo lo contrario. El uso indiscriminado de esos recursos con fines proselitistas, el crecimiento desordenado y gigantesco de las nóminas y nominillas, el despilfarro y la corrupción han convertido al gobierno en una retranca para el desarrollo del país.
Esa política de dispendio ha conducido a que gastemos el 94% del PIB en consumo y solo el 6% en capital cuando la mayoría de los países de la región invierten sobre el 25%.
En resumen, amigas y amigos: el gobierno cobra más impuestos a los ciudadanos y a las empresas, pero gasta tanto y tan mal, que el país se endeuda, mientras la gente no ve beneficio alguno del crecimiento económico.
Señoras y señores empresarios: ha llegado la hora del cambio.
Ha llegado la hora en que su esfuerzo y el de todos los dominicanos llegue a todo nuestro pueblo con justicia y equidad.
Mirando hacia el futuro
La estabilidad macroeconómica es un axioma en todo régimen democrático. El problema es la interpretación que cada quien le da a este principio. Para nosotros, su significado va mucho más allá que la simple estabilidad cambiaria, que es necesaria, aunque no suficiente.
Nos proponemos una estabilidad donde todos los agregados macroeconómicos se conjuguen, estén en armonía cuantitativa y respondan a un patrón de crecimiento incluyente.
Un crecimiento motorizado por el sector privado y focalizado hacia los sectores estratégicos, que generan mayor cantidad de empleos productivos.
Esos sectores son: la agricultura, la industria, la agroindustria, la construcción, la minería, el turismo y las zonas francas. Ellos serán los sectores más favorecidos para impulsar ese crecimiento, lo que mejorará la distribución del ingreso y el empleo, irradiando sus efectos en todas las clases sociales.
No podemos conformarnos exhibiendo un crecimiento excluyente mientras aumenta la pobreza.
Tampoco es posible que los beneficios de ese crecimiento queden atrapados en las manos de una pequeña cúpula privilegiada.
Ni la pobreza ni el privilegio son compatibles con un sistema político que promueva la democracia económica y el bienestar de la gente.
Nos proponemos una meta de crecimiento promedio anual sobre el 6%, apoyado en los sectores de mayor generación de empleos.
La única forma de lograr esta meta, en un mundo amenazado por otra recesión, es redoblando los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas, aumentando las exportaciones, sustituyendo las importación de muchos bienes y fomentando la inversión extranjera directa.
Este crecimiento deberá estar asociado con una fuerte estabilidad en los precios macroeconómicos: tasa de cambio, tasa de interés y salarios, y además en la reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos a un nivel que pueda ser financiado con el influjo de inversión extranjera y los desembolsos netos de recursos externos.
Queremos anunciar aquí, que para garantizar el cumplimiento de estos objetivos nos proponemos mantener el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, enviando con ello, una clara señal de nuestro compromiso con el crecimiento y la estabilidad.
También es importante un mayor respeto a la ley sobre el derecho a la propiedad y a las reglas establecidas, como garantía de tranquilidad y confianza para la inversión local y extranjera.
Nos comprometemos a reducir la intervención pública en aéreas de competencia privada y privilegiar la inversión en capital humano, dándole a la juventud mayores oportunidades para insertarse en el mercado laboral. Y esa juventud tendrá un espacio en nuestro gobierno que jamás ha tenido.
Se hará una revisión de las políticas públicas, incluyendo el régimen tributario, que giran alrededor de la competitividad, con una perspectiva no fiscalista, pero si facilitadora de un florecimiento de los sectores que generan mayor empleo y riqueza.
Un paso fundamental para lograr este objetivo es alcanzar un consenso con todos los sectores, a fin de realizar una reforma tributaria integral que ordene de una vez por todas, el desorden fiscalista y el regresivo sistema impositivo que frena el desarrollo nacional.
Igualmente, fijaremos topes al gasto corriente, para lograr un superávit primario y consolidar las finanzas públicas, bajar el déficit fiscal, eliminar el despilfarro, focalizar efectivamente los subsidios y aumentar la inversión en infraestructura.
Nos proponemos aumentar el ahorro interno sobre el 20% del PIB, tal como existía en nuestra anterior administración.
Elevaremos el gasto de capital en el presupuesto anual, de menos de un 20% como está ahora a un 30%, reactivando la inversión pública en pequeñas y medianas obras de impacto social y económico, por sus efectos en el empleo.
Impulsaremos una reforma institucional profunda, desde el inicio del Gobierno, con asistencia de las instituciones internacionales.
Ejerceremos un estricto control al endeudamiento de las instituciones centralizadas o descentralizadas, haciendo cumplir a cabalidad con la ley de compras y contrataciones vigente.
Hay que reconvertir al Estado Dominicano en un ente facilitador de la inversión privada y no en uno que la sustituya.
Esta reforma debe mejorar la asignación de los recursos públicos en sectores estratégicos, como la educación, la salud y en el conjunto de instituciones que se debaten en la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción, debido a la poca supervisión y regulaciones existentes.
Además, someteremos al Congreso una ley de Respuesta Administrativa Oportuna para proyectos de inversión extranjera y doméstica, que reduzca el tiempo de aprobación de los mismos.
Les garantizamos que cuando uno de ustedes quiera hacer una inversión para crear riqueza y empleo, encontrará en el gobierno un aliado fiel, no trabas y problemas como tantas veces sucede en la actualidad.
Hemos dicho que un mejor país empieza en las escuelas, por eso nuestro compromiso de entregar el 4% del PIB a la educación y seguir aumentándolo en el futuro.
Pero al mismo tiempo hay que realizar una profunda transformación institucional del sistema educativo para que esos recursos mejoren la calidad de la enseñanza, del profesorado y de toda la infraestructura en que descansa el sistema escolar.
Igualmente, daremos especial atención, como lo hicimos en nuestra pasada gestión, a la educación técnico vocacional, con la creación de institutos politécnicos en todo el país.
Estamos convencidos que un aporte fundamental que el gobierno debe hacer, para mejorar la competitividad y el crecimiento de las exportaciones, es capacitar nuestra mano de obra.
Esa misma transformación hay que extenderla al resto del sector público, ya que con la crisis que heredará el próximo gobierno, no hay otra vía para salir adelante que no sea optimizar los recursos disponibles.
La agricultura es el mejor ejemplo de ese despilfarro y desorden administrativo, donde la única preocupación de las autoridades es importar alimentos para cobrar peajes y otorgar privilegios.
Las importaciones que sean necesarias en nuestro gobierno, serán sometidas a concurso abierto en la bolsa agropecuaria, con asesoría de las organizaciones de productores encabezadas por la Junta Agro-empresarial Dominicana.
El Banco Central mantendrá su absoluta independencia y su capacidad de hacer política monetaria usando todos los instrumentos y herramientas a su alcance.
La meta que guiará la política monetaria será mantener por debajo del 7% el nivel de inflación, permitiendo que los agentes económicos anticipen los cambios de política en el corto y mediano plazo.
El DR-CAFTA y otros acuerdos similares con Europa y el Caribe fueron logros del gobierno del PRD y seguimos pensando que esos acuerdos nos ofrecen la mejor oportunidad de incursionar en los mercados internacionales y aprovechar nuestro potencial exportador.
Esto exige mejorar nuestra competitividad, que es una palabra inexistente en el vocabulario gubernamental, pero que en nuestro gobierno recibirá un fuerte apoyo, encabezando las prioridades del programa económico.
Todas las empresas que exporten, estén o no en los parques de zonas francas, recibirán el mismo tratamiento impositivo en cuanto a los productos exportados. No podemos exportar impuestos.
Sin embargo, tenemos que mirar más allá del DR-CAFTA. Los países emergentes de Asia y América Latina crecen con más dinamismo que Estados Unidos y Europa, y eso abre grandes oportunidades de negocio para nuestro país.
Por esa razón estamos decididos a establecer relaciones diplomáticas y económicas con la República Popular China, así como, establecer un acuerdo de intercambio comercial con nuestro vecino Haití.
Somos uno de 15 países con acceso libre de tarifa arancelaria a 800 millones de consumidores pudientes. Si fuésemos competitivos estaríamos exportando mucho más de lo que actualmente exportamos.
Hay muchas medidas que podemos aplicar de inmediato para que la competitividad se convierta en una realidad.
Entre ellas están la reducción del impuesto sobre la renta, la revisión de los impuestos que frenan la inversión privada, el estricto apego a la ley que rige el impuesto a los combustibles eliminando los sobreprecios, la creación de un Fondo de Garantías para apoyar el financiamiento a las micros y pequeñas empresas y la eliminación de los trámites burocráticos a los inversionistas y exportadores que fomentan la corrupción.
Les anuncio que eliminaremos el cobro del ITBIS en las aduanas y el uno por ciento a los activos financieros de la banca que ha elevado en más de 6% el costo del dinero.
En este punto, quiero expresarle mi firme compromiso de despolitizar y fortalecer las instancias que están directamente relacionadas con estos temas, como es el caso de Proindustria, Consejo Nacional de Zona Franca, Promypime y el Consejo Nacional de Competitividad.
Esperamos que ustedes también asuman el compromiso de acompañarnos en esta tarea.
Estamos convencidos que es fundamental incrementar el flujo financiero a nuestros sectores productivos. El Banco de Reservas tiene que reorientar su política de crédito ya que sus préstamos al sector industrial en el 2002 eran 2.5 veces mayores a los del 2010.
Es una pena que el banco del Estado esté financiando al gobierno, indirectamente, con más de 47 mil 500 millones de pesos a través de contratistas, dejando a los sectores productivos sin capital de trabajo para incrementar la producción y el empleo.
También el BNV debe reconvertirse en una verdadera entidad de fomento a la producción y no en un ente especulador emitiendo deuda pública para hacer colocaciones en bonos del gobierno.
El BNV apenas le ha prestado a la industria 156 millones de pesos, mientras tiene 6 mil 300 millones de pesos en certificados y bonos del gobierno.
Para que el sector financiero público apoye la producción y la exportación será necesario un reordenamiento institucional con una gobernabilidad aislada de la política partidista y con la participación del sector privado.
Este es un cambio profundo pero necesario en el contexto actual y esperamos contar con su apoyo.
Ahora tratemos el problema más grave: El tema eléctrico, caracterizado por el alto costo de la tarifa, ineficiencia gerencial, elevadas pérdidas en distribución y comercialización, escasa inversión, que se traduce en interminables apagones.
Lamentamos la errática privatización del pasado, donde un monopolio privado extranjero suplantó un monopolio público.
Queremos libre competencia con empresas tecnológicamente solventes y honestas.
Por eso, eliminaremos todas las trabas para que el sector privado incursione en la generación y distribución de energía,
Brindaremos facilidades para que el sector privado participe en la solución de la crisis, con plantas modernas a carbón, gas natural y proyectos de fuentes alternativas ambientalmente amigables.
La realidad es que el aumento indiscriminado de la tarifa eléctrica, incrementa el fraude, agravando la situación financiera del sector. Eso también impacta negativamente en la competitividad de las empresas.
En ese sentido, hay que realizar fuertes inversiones en el mejoramiento de la distribución, donde se pierde más de un tercio de la energía producida.
Asimismo, impulsaremos el programa de desarrollo hidroeléctrico a nivel nacional, donde todavía tenemos un gran potencial sin explotar.
Amigas y amigos empresarios, ni ustedes pueden trabajar, ni nuestra gente puede vivir con este lamentable estado de nuestro sistema eléctrico: caro, caótico e ineficiente. Pero si aunamos esfuerzo con el sector privado podremos cambiar esta situación de una vez por todas.
Todo esto es posible en 4 años si logramos revertir las políticas vigentes y convertir a la Republica Dominicana en un país exportador, atractivo a la inversión extranjera y con finanzas públicas fuertes y transparentes.
Garantizaremos que el crecimiento de la economía se fundamente en la inversión privada y no en el gasto gubernamental como ha sido en los últimos siete años.
Por eso la manufactura y la agricultura exportable serán fundamentales en nuestra estrategia de crecimiento.
Cualquier contrato de préstamo amarrado a importaciones de bienes que pueden producirse internamente y a mejor precio, será revisado de inmediato y en el futuro no será considerado como una opción de financiamiento.
Transparencia
Amigas y amigos empresarios: un Programa de gobierno en República Dominicana no es creíble si no aborda el tema de la transparencia.
Nuestra primera iniciativa, cuando lleguemos a la Presidencia, estará asociada a la transparencia y moralidad del quehacer público.
La mentira y el ocultamiento de la verdad que ha caracterizado el Gobierno actual, incluyendo la violación sistemática de las leyes que regulan el funcionamiento del Estado, han puesto en cuestionamiento la gobernabilidad.
Junto con las organizaciones de la sociedad civil más representativas del país, estableceremos mecanismos efectivos que transparenten y moralicen la gestión pública, comenzando por la liquidación del clientelismo que ha contaminado hasta la médula el tren gubernamental.
Aplicaremos un fuerte plan de austeridad para acabar con el despilfarro y la corrupción. Ese es nuestro compromiso.
Durante nuestra administración en el periodo 2000 al 2004, aún después de los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, que arrojó pérdidas para el país del orden de los 2 mil millones de dólares, mantuvimos bajo un estricto control el déficit fiscal, logrando un balance positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Todo ello sin descuidar jamás la política social, incluyendo educación y salud, que recibieron los más altos porcentajes del presupuesto hasta el día de hoy.
Establecimos la base para la estabilidad de la tasa de cambio, la tasa de interés y la estabilidad de los precios con la aprobación de la Ley Monetaria y Financiera vigente, que entre otras cosas prohibió para siempre el uso de dinero inorgánico para financiar el sector público.
Después de la erupción de la gran crisis bancaria del 2003, que desestabilizó a toda la economía, pusimos nuestro gobierno en juego para salvar el sistema de pagos y mantener la gobernabilidad, buscando el apoyo del FMI y del resto de la comunidad internacional para que el país saliera adelante, logrando una recuperación increíble de la economía un año después de esta crisis.
Asumimos un alto costo político, personal y familiar, pero hicimos lo correcto. El sector financiero nacional y los organismos internacionales aplaudieron nuestras decisiones, que luego fueron confirmadas durante la crisis financiera mundial.
Aun con todas esas adversidades, nuestro país ocupaba en el 2004 la posición 62 en el índice de competitividad y hoy ocupa el 110.
Cumplimos con nuestro deber limpiando una tierra llena de podredumbre para que otros cosecharan sus frutos.
Al final no han sabido distribuirlos con equidad y transparencia. Por eso ahora el pueblo dice ha llegado la hora del cambio.
Señoras y señores, les invito al cambio. El cambio para liberar el país de la corrupción, la desidia y el clientelismo.
El cambio para que nuestras empresas tengan fe y confianza en el futuro.
Ustedes son el motor de la economía.
Cuento con ustedes y ustedes cuenten conmigo.
Muchas gracias!
Ingeniero Agrónomo Hipólito Mejía Dominguez
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