POR HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ
La política social en un país como la República Dominicana, con casi la mitad de la población en condiciones de pobreza, es fundamental. El papel del Estado debe ser el de equilibrar los ingresos de los que han sido excluidos y no tienen la oportunidad de generar recursos suficientes ni para la alimentación.
Ha de poner en operación el Estado, además de la asistencia directa, mecanismos oficiales eficientes que estimulen la inserción de los sectores excluidos al aparato productivo, pues son tan dominicanos como los que reciben en abundancia y pueden pagar impuestos justos por las ganancias o los ingresos que reciben.
Siempre ha sido la preocupación del Partido Revolucionario Dominicano y de quien esto escribe que el gobierno debe ser un ente de equilibrio, invirtiendo en todo el país, sin descuidar las regiones y provincias más olvidadas históricamente, y no concentrar las inversiones públicas en el perímetro urbano, donde residen las clases más favorecidas por los servicios públicos y privados.
Hay que admitir que la pobreza es un tema demasiado viejo y muy profundo en la lista de deficiencias de las políticas públicas, y en particular de la política social, de los diversos gobiernos que hemos tenido desde el inicio de la democracia en los años 60.
En el período de gobierno que presidí, entre el 2000 y el 2004, dejé sentadas las bases para el lanzamiento de una política social consistente, que incorporara a los más pobres y marginados al sistema productivo, por la vía de la facilitación de empleos remunerados en pequeñas y medianas empresas, organizando el sistema de microconchos o de motocicletas y en especial tratando de incorporar a la madre soltera, con hijos, al compromiso de llevar a sus hijos a la escuela.
Fueron muchas las discusiones y las ideas que se pusieron sobre la mesa para incursionar con una política social que impactara en las raíces de la pobreza, que estimulara a los más pobres a salir del círculo vicioso de la pobreza y en especial asumir la educación como el medio más efectivo para cerrar el círculo para que la gente comenzara a ascender social y económicamente, para evitar que generaciones de desposeídos fueran heredados por hijos y nietos en iguales o peores niveles de vida.
Esa fue nuestra convicción y encontramos el apoyo decidido de algunos organismos internacionales, multilaterales y bilaterales, para estimularnos en esa dirección.
Se creó el Gabinete de Política Social, con varios órganos de planificación, coordinación y ejecución de las políticas sociales, que iban en varias direcciones, corrigiendo la dispersión y el desorden que hasta ese momento existía en el Estado dominicano en relación con este tema. Asignamos los fondos y aportamos la decisión política del Estado de ir en la conquista de la reducción de la pobreza empoderando a los más pobres.
Nunca entendimos que los recursos y las instituciones de la política social debían ser mecanismos de captación de votos ni de simpatías partidarias. Siempre vimos el asunto como parte de la responsabilidad del Estado para reducir la pobreza, cerrar el círculo vicioso de la miseria, estimular la incursión de los pobres y desempleados en labores productivas, fuera en medianas y pequeñas empresas o en cualquier otra actividad, lo que también alejaba a los jóvenes de los vicios y la delincuencia.
En junio del 2003, luego de que estallara la crisis financiera a consecuencia del fraude bancario, y en medio de una enorme complejidad y ausencia de recursos, mediante el decreto 566-03 oficialicé la Estrategia para la Reducción de Pobreza, destinada a emprender acciones de desarrollo que garantizaran la equidad y la inclusión social, procurando un aumento sostenido de la inversión pública.
Buscábamos la eficiencia del gasto público social, el desarrollo social, rural y regional y aspirábamos a poner en ejecución un amplio programa de combate a la pobreza, sin implicaciones partidarias, para comprometer a la gente a que nos diera su voto ni a vender su conciencia. Allí surgió el aporte monetario dinero para madres solteras que llevaran sus hijos a la escuela.
Aumentamos como nunca se había realizado la inversión social en relación al Producto Interno Bruto. Hay análisis que demuestran que actuamos correcta y responsablemente. Planeamos que para el 2005 la inversión en políticas sociales debía ser del 8.9% del PIB, pero hubo un cambio de gobierno y se restó un 1% del PIB. Para el 2007 debía invertirse el 10% del PIB en políticas sociales y sólo llegó al 8.3%, y para el 2010 estaba proyectado invertirse el 11.8% del PIB, y hemos visto que apenas se invirtió el 8.4%.
Los dos gobiernos que siguieron del 2004 hasta ahora aparentaron seguir la política que nosotros dejamos establecida, pero sin cumplir ninguno de los pilares que fijamos, sin asignar presupuesto suficiente ni hacer una distribución interna del gasto social. Es decir, todo ha sido mangas por hombros.
En diciembre del 2005, mediante el decreto 536-05, el actual presidente creó el Programa Solidaridad, es decir cambió el nombre al programa de asistencia directa que nosotros habíamos creado, convirtiéndolo en el estandarte del Gabinete Social y en el programa que sería la bandera de las políticas sociales a partir de ese momento.
Levantadas algunas informaciones, y con una clara inclinación política partidista para favorecer a los peledeístas o torcer la voluntad de los que no lo eran, se iniciaron los programas Comer Es Primero y Dominicanos y Dominicanas con Nombres y Apellidos, aparte de continuar con el programa de Asistencia para las madres con hijos en las escuelas.
A partir de ahí se establecieron mecanismos paralelos a la Seguridad Social, se politizó la política social y el gobierno comenzó a utilizar los fondos para reducir la pobreza como parte de su programa de engorde del PLD, para hacerlo una verdadera maquinaria electoral que nadie pudiera destronarla del Gobierno. Por eso vimos muchas veces a los funcionarios peledeístas decír y repetir que ellos sabían por quiénes iban a votar las personas. Y estafaron de ese modo durante los últimos procesos electorales, con la idea de que el PRD quiere eliminar Solidaridad y los programas de aporte directo del gobierno a los más pobres. Esa es una solemne mentira.
El PLD quiere mantener la pobreza para seguir controlando los votos de la gente desamparada y hambrienta. En los análisis que entidades independientes han realizado a los programas de este gobierno ha quedado demostrado que las familias son obligadas a respaldar al partido de gobierno, para que supuestamente “no se caiga el gobierno y se termine la Tarjeta Solidaridad”.
Esto que han hecho con el Programa Solidaridad y con las demás políticas sociales, incluyendo inversiones por encima de los 30 mil millones de pesos, ha sido un crimen porque ha implicado romper la política que nosotros establecimos, sin politización y para acabar con el círculo de pobreza, y la han instrumentalizado para buscar los votos de los pobres cada dos años, como ha sido hasta el momento.
Han creado un mecanismo carcelario de los pobres, y por eso ahora, el jefe de la política social del gobierno, el vicepresidente Alburquerque, aparece diciendo palabras descompuestas y poco responsables, sobre las supuestas intenciones mías y del PRD de “eliminar” la Tarjeta Solidaridad.
Los datos indican que en este momento los diversos programas de subsidios favorecían, en diciembre del 2010, a 529 mil hogares, que al decir de Alburquerque incluyen a 2.5 millones de personas que tienen la bondad del gobierno de ofrecerle directamente algún tipo de beneficio. Esos datos habría que revisarlos, para determinar realmente la magnitud de ese apoyo y la realidad de que sirvan para reducir la pobreza.
Estos programas, por más caros que resulten, lo que hacen es perpetuar la pobreza, la indigencia y la búsqueda cotidiana de propinas. Añadiré a ese dato que el 57% de los empleos del país son provistos por pequeñas y medianas empresas informales. Y que la gente carece de servicios de educación eficientes, lo mismo que de salud, de transporte o electricidad. Esto no puede continuar. Eso es lo que he dicho y seguiré diciendo.
Y la forma de poner un corte es ampliar los programas de política social, pero orientados a reducir el círculo de la miseria, a incluir a los más pobres en los procesos productivos, en la educación, a llevar las medianas y pequeñas empresas de la informalidad a la formalidad, para que tengan acceso al crédito bancario y para que puedan crecer, con servicios de más calidad y más eficientes.
Este gobierno inició copiando las políticas sociales que nosotros establecimos, pero un año después, en el 2005, la instrumentalizó políticamente, las puso al servicio del PLD y colocó a un político consuetudinario al frente de ella, para beneficiar al presidente, y torcer de ese modo la voluntad política de la ciudadanía. Nosotros no haremos eso, y en cambio corregiremos lo mal hecho para que los pobres tengan posibilidad de salir de la pobreza, de reconocer su esfuerzo y su capacidad, y decirle adiós al uso de la pobreza para conseguir votos en los procesos electorales.
El nuevo gobierno tiene que buscar el apoyo de los organismos internacionales, de recabar información sobre las mejores y más transparentes prácticas administrativas en los programas de políticas sociales, y por supuesto, de asumir los programas que más éxitos han demostrado, por ejemplo en Brasil, para reducir la pobreza. Si es un crimen robarse el dinero del país para beneficio particular, también es un crimen utilizar políticamente la pobreza para inducir a la gente, humillándola, a votar en una dirección determinada en un proceso electoral.
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